El Consejo de Ministros del 28 de noviembre, ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el RD-Ley 8/2024 que recoge cambios normativos en materia laboral y de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y las catástrofes.
La nueva norma que ha entrado en vigor el 30 de noviembre, contempla un nuevo permiso remunerado de hasta cuatro días que garanticen la seguridad de las personas trabajadoras en caso de que sufran riesgo grave e inminente.
También establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.
La representación legal de las personas trabajadoras cuenta, a partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso, podrán parar la actividad.
En ningún caso las personas trabajadoras podrán sufrir perjuicio alguno por la adopción de medidas encaminadas a salvar su seguridad.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses un real decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.
Permisos climáticos remunerados
Las personas trabajadoras dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.
En caso de que estos cuatro días no sean suficientes y se necesite prorrogarlos, las empresas podrían justificar ERTE Fuerza Mayor afrontando, por tanto, con corresponsabilidad pública las dificultades del tejido productivo.
La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.
Derecho a la información
Las personas trabajadoras tendrán derecho a ser informadas de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.
Los convenios colectivos contarán con un protocolo de actuación obligatorio que recoja medidas de PRL frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.
Es una nueva garantía que refuerza la importancia de la Negociación Colectiva en un aspecto clave.