La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI exigirá el cumplimiento de nuevas obligaciones empresariales en materia de igualdad.
El artículo 14 de la Ley adelanta una serie de objetivos o medidas que apuntan al papel clave que tendrán las empresas como colaboradoras en la defensa de la igualdad efectiva de todas las personas.
De esta forma, el artículo aboga, entre otras cuestiones, por:
- La creación de un distintivo que permita reconocer a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.
- Impulsar la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de promoción de la diversidad y de prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación de las personas LGTBI, así como de procedimientos para dar cauce a las denuncias.
- Impulsar la elaboración de códigos éticos y protocolos frente a toda discriminación por razón de las causas previstas en la ley.
Además de estos mandatos que deberán regir la actividad empresarial, la ley impone deberes más concretos a las empresas de más de 50 trabajadores que, a partir del 1 de marzo de 2024, deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI.
Estas medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente.
Por último, el artículo 55 de la Ley 4/2023, en su apartado tercero, incorpora novedades en cuanto a la elaboración de los planes de igualdad, estableciendo la necesidad de que en la elaboración de los mismos se incluya una referencia expresa a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans.