El TSJ de Madrid, en sentencia del pasado 18 de junio, estimó el recurso de suplicación formulado contra la sentencia de instancia que se revoca parcialmente, confirmando la declaración de nulidad que en la misma se contiene y reconociendo el derecho de la trabajadora a percibir la cantidad de 6.251 euros como indemnización derivada de la vulneración de sus derechos fundamentales que, inicialmente, no había sido aceptada por el Juzgado de lo Social.
La trabajadora demandante recurre en suplicación para mostrar su disconformidad jurídica con la desestimación de la indemnización solicitada, denunciando la infracción de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2017, rec. 624/2016, de 24 de octubre de 2019, rec. 12/2019, y de 19 de mayo de 2020, rec. 2911/2017.
Argumenta que tanto del artículo 183.1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, como de la jurisprudencia citada se desprende que los daños morales son indemnizables, daños que existen por el solo hecho de la actuación vulneradora o de la mera acreditación de la lesión que considera consustancial a la declaración de nulidad del despido por la causa del apartado b) del art. 55.5 del ET.
Indemnización por daños morales
La empresa niega la indemnización adicional solicitada con el argumento de que el artículo 183 de la LRJS no se establece de forma taxativa que el trabajador haya de percibir una indemnización en todo caso en el supuesto de que se produzca una discriminación u otra lesión de los derechos fundamentales y libertades públicas, sino que lo vincula a que se hubiera producido un daño moral y otros perjuicios adicionales derivados.
Añade que, en el caso analizado, el despido se ha declarado nulo por aplicación del artículo 55.5.b) del ET, esto es por estar embarazada, causa de nulidad objetiva y que por tanto no presupone actuación vulneradora alguna por parte del empleador.
Para el TSJ el artículo 55.5 del ET otorga una garantía objetiva y automática consistente en establecer una protección reforzada que actúa al margen de cualquier necesidad de prueba del móvil discriminatorio y de la existencia de un indicio de tratamiento discriminatorio.
Lo único que tiene que probar la trabajadora es el embarazo que, por sí mismo, constituye por disposición legal un indicio suficiente.
Por ello, tal y como señala el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, no puede llevarse a cabo una interpretación restrictiva del precepto legal y ajena a las reglas hermenéuticas en vigor que priven a aquel de las garantías establecidas por el legislador y con las que la trabajadora podría razonablemente entenderse amparada en su determinación personal.
No discriminación por razón de sexo
Dentro de estas garantías se encuentra el reconocimiento de una indemnización por haber sido víctima de un despido nulo por causa directamente vinculada con el derecho a la no discriminación por razón de sexo.
En caso analizado, la empresa no ha acreditado la procedencia de causa alguna para despedir a la trabajadora.
En este contexto, no puede pretenderse que el despido sea nulo sobre la base de una objetividad aséptica, no intencional, de legalidad ordinaria, desconectada del factor de discriminación y que no presupone actuación vulneradora alguna.
Lograda la calificación de nulidad del despido como consecuencia del estado de embarazo, el despido debe entenderse discriminatorio, por lo que resulta indiferente que la protección que otorga la nulidad derive de un previo acto de despido nulo por causa objetiva o subjetiva, intencional o no intencional.
Es indiferente porque lo que tenía que haber hecho el empresario para evitarlo es excluir cualquier propósito contrario al derecho fundamental en juego, es decir, tenía que haber logrado la procedencia del despido.
En el despido de la trabajadora embarazada concurre, por disposición legal, un indicio de vulneración de un derecho fundamental y, precisamente por eso, es nulo si no se declara su procedencia que es lo que destruye el indicio.
Vulneración de derechos fundamentales
En cuanto a la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, se aprecia la existencia de daños morales derivados de la consideración del impacto psíquico que el despido ha tenido en la trabajadora.
La indemnización por daños morales, derivada de la vulneración de un derecho fundamental, se dirige a compensar el sufrimiento, dolor, incertidumbre, angustia, ansiedad, etc., que la citada vulneración haya podido producir a la trabajadora.
Existe, por tanto, un daño psicológico que se da en todo caso, sin que sea factible a veces aportar prueba concreta del perjuicio sufrido y de su cuantificación monetaria, dada su índole.
Se reconoce el derecho a percibir la indemnización de 6.251 euros, con base en el artículo 40 de la LISOS, por lesión del derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo.